2025-01-26
Canadá se enorgullece de ser una nación de diversidad e inclusión, sin embargo, su sistema legal presenta una dualidad evidente. Operamos bajo leyes federales y provinciales, creando un mosaico que a veces parece más como dos sistemas separados que un marco cohesivo. Si bien esta estructura dual tiene sus méritos, cada vez se cuestiona más ya que lucha por abordar eficazmente las desigualdades sistémicas que enfrentan las comunidades marginadas.
Uno de los problemas más urgentes es la aplicación desigual de la ley en diferentes jurisdicciones. Tomemos, por ejemplo, la justicia criminal. Si bien la legislación nacional establece pautas generales, las disparidades en las penas y las prácticas policiales pueden variar significativamente de provincia en provincia. Esto puede llevar a resultados injustos, donde los individuos de comunidades marginadas experimentan castigos más severos o enfrentan un mayor escrutinio simplemente por su ubicación o antecedentes.
La división jurisdiccional también obstaculiza los esfuerzos para abordar el racismo y la discriminación sistémicos. Problemas como los derechos indígenas, los crímenes de odio y el acceso a la justicia a menudo se tratan a nivel provincial, lo que lleva a una respuesta fragmentada y oportunidades perdidas para soluciones integrales. Un enfoque nacional es esencial para abordar estos problemas profundamente arraigados eficazmente.
Además, el sistema dual puede crear confusión y barreras para los individuos que buscan recursos legales. Navegar diferentes marcos legales, procedimientos y terminología puede ser abrumador, especialmente para aquellos que ya enfrentan desventajas sistémicas. Esta complejidad puede desalentar a las comunidades marginadas a buscar justicia, perpetuando aún más las desigualdades.
Entonces, ¿qué se puede hacer?
La naturaleza dual del sistema legal de Canadá presenta tanto desafíos como oportunidades. Si bien nos ha servido bien en ciertas áreas, sus deficiencias en abordar las desigualdades sistémicas son cada vez más evidentes. Es hora de una conversación nacional sobre cómo reformar y fortalecer nuestro marco legal, asegurándonos de que realmente satisfaga las necesidades de todos los canadienses, no solo de algunos.
Canadá se enorgullece de ser una nación diversa e inclusiva, sin embargo, su sistema legal presenta una dualidad evidente. Operamos bajo leyes federales y provinciales, creando un mosaico que a veces parece más como dos sistemas separados que un marco cohesivo. Si bien esta estructura dual tiene sus méritos, cada vez se cuestiona más ya que lucha por abordar eficazmente las desigualdades sistémicas que enfrentan las comunidades marginadas.
Ejemplos de la Aplicación Desigual de la Ley:
En el ámbito criminal, esta disparidad es palpable. Un ejemplo tangible es el caso de las penas para posesión de drogas. En Alberta, una persona detenida con una cantidad pequeña de cannabis puede enfrentar multas significativas y cargos penales, mientras que en otras provincias como Ontario o Quebec, se aplican políticas más permisivas, incluso legalizando su uso recreativo.
Este desequilibrio no sólo afecta a las penas impuestas, sino también a las prácticas policiales. Diversos estudios demuestran que las comunidades indígenas son objeto de un mayor escrutinio policial, sufren un trato discriminatorio durante detenciones y enfrentan una mayor probabilidad de ser encarcelados por delitos menores en comparación con la población general no indígena. Un ejemplo reciente fue el caso del asesinato de Colten Boushie, un joven indígena canadiense que fue asesinado por un agricultor después de detenerse en su propiedad. La sentencia reducida al culpable levantó indignación nacional y puso en evidencia las persistentes desigualdades raciales en el sistema judicial canadiense.
La Fragmentación en la Lucha contra el Racismo:
La división jurisdiccional también obstaculiza los esfuerzos para abordar el racismo y la discriminación sistémicos de manera efectiva. Por ejemplo, los derechos indígenas, un tema central en Canadá, se manejan principalmente a nivel provincial y federal. Esto significa que no existe una respuesta coordinada y unificada para proteger y promover los derechos de las comunidades indígenas, lo que lleva a diferentes niveles de protección y acceso a servicios esenciales según la provincia o territorio.
Un caso en el que se evidencia esta fragmentación es la situación de los niños indígenas separados de sus familias por políticas gubernamentales como el sistema de residencias indias. Estas escuelas, creadas para "asimilar" a las comunidades indígenas, causaron traumas intergeneracionales y separaciones familiares que aún afectan a las comunidades hoy en día. La falta de una respuesta nacional integral a este problema histórico perdura y se agrava por la división jurisdiccional.
¿Cómo Superar la Fractura?
Fortalecer la supervisión nacional: Un mayor involucramiento federal en áreas como la reforma de la justicia criminal y la legislación sobre crímenes de odio es crucial para garantizar una aplicación más consistente de la ley en todo Canadá.
Invertir en asistencia legal e iniciativas de acceso a la justicia: Proporcionar un mayor apoyo a las comunidades marginadas para que naveguen por el complejo sistema legal es esencial. Esto incluye financiar clínicas legales, aumentar la conciencia pública sobre sus derechos y abordar las barreras del lenguaje.
Promover la colaboración y el intercambio de conocimientos: Fomentar el diálogo y la cooperación entre los gobiernos federales, provinciales e indígenas puede ayudar a desarrollar soluciones más integrales para abordar las desigualdades sistémicas.
La dualidad del sistema legal de Canadá presenta un desafío complejo que requiere acciones concretas para garantizar una justicia equitativa para todos los ciudadanos. Es imperativo fortalecer el marco legal nacional, promover la colaboración y asegurar que cada canadiense tenga acceso a un sistema judicial justo e inclusivo.
El camino hacia una sociedad verdaderamente justa exige compromiso, diálogo y acción concertada a todos los niveles de gobierno.